Nota 11 memoria histórica y justicia transicional

Durante muchos años, la Transición española ha sido considerada modélica por especialistas de muy diferente orientación. La forma en que fue realizada, sin embargo, ha tenido efectos a medio plazo que socavan hoy sus fuentes de legitimidad. La cuestión del pasado y la manera en que se resolvieron las violaciones de derechos humanos de la dictadura han reabierto en los últimos años un debate importante sobre las implicaciones que ha tenido y puede tener el pacto con el que se cerró la Transición.

En este sentido, el caso español puede ubicarse como uno de los casos extremos por lo que hace al problema de la memoria y la justicia transicional. Como es conocido, a efectos de que la Transición llegase a buen puerto, los principales actores políticos que intervinieron en el diseño del régimen del 78 acordaron no remover el pasado ni atender, por consiguiente, a las causas originadas en la dictadura. A diferencia de otros casos que bien podríamos situar en un extremo opuesto como Argentina o Alemania, el pasado se ha convertido en un terreno sobre el que ha venido reinando un consenso de no problematización.

Este velo sobre lo sucedido con anterioridad a 1978 se ha convertido en una fuente de tensión política desde el momento en que, desde el terreno de la investigación histórica, se han empezado a poner de relieve las implicaciones que sobre la memoria colectiva y las propias bases de legitimación del régimen tiene este velo de ocultamiento. Así, por ejemplo, la exhumación de las fosas comunes originó en el año 2000 la creación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Por efecto de su labor y la de otros actores implicados (asociaciones de la sociedad civil, partidos, historiadores, etc.), el Congreso acabó tramitando en 2007 la Ley de Memoria Histórica.

La memoria histórica como problema actual

A pesar de no contentar a la España conservadora, la Ley de Memoria Histórica fue elaborada en una línea de continuidad con el marco de no injerencia instaurado en la Transición. En ella se daba reconocimiento a todas las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, pero en su preámbulo se consideraba la memoria de las víctimas del Franquismo «personal y familiar». De esta guisa, los delitos del Franquismo se ubican fuera del marco de la violación de los derechos humanos y se asume, por ende, el decreto-ley 10 de 1969 por el que Franco consideró prescritos todos los delitos anteriores al 1 de abril de 1939 (final de la Guerra Civil).

De igual modo, la reciente exhumación del dictador ha sido objeto de una polémica disputa, habida cuenta de que afectaba al Valle de los Caídos, símbolo emblemático del Franquismo. Con la exhumación del dictador no solo se ponía sobre la mesa el carácter conmemorativo del monumento, sino que se abría también el problema de las personas allí enterradas. La propia ceremonia de exhumación se convirtió en objeto de polémica al ser considerada por algunos partidos políticos como una ceremonia con honores de Estado.

En otro orden de cosas, pero siempre en el ámbito de la memoria histórica, los papeles de Salamanca o las obras de Sixena han sido también ejemplos de disputa política que afectan a la forma en que se ha tratado el pasado y en que este retorna incidiendo sobre el debate político actual. En este caso, las discusiones sobre el patrimonio expoliado al amparo de la Guerra Civil han servido para problematizar el pasado en la esfera pública.

Justicia transicional

En estrecho vínculo al problema de la memoria histórica se encuentra la cuestión de la justicia transicional, esto es, «las formas en que países que dejan atrás periodos de conflicto y represión utilizan para enfrentarse a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada». El déficit de la Transición española en este sentido no solo se hace más evidente conforme pasa el tiempo, sino que en los últimos tiempos se ha demostrado una fuente permanente de disputa política. Esto último sugiere que tal vez se debería operar una revisión a fondo de los consensos de la Transición, especialmente cuando emergen actores que, como Vox, practican un negacionismo explícito; algo que nunca había sido la línea de discurso del Partido Popular.

Los casos objeto de polémica son inagitables y pueden ir desde los impedimentos a la exhumación de figuras históricas como Lorca hasta la retirada de las condecoraciones al torturador Gónzalez Pacheco, alias Billy El Niño. Un elemento común los atraviesa a todos: activar el papel del pasado como instrumento que cuestiona las bases de legitimidad del régimen. El progreso global de las causas en defensa de los Derechos Humanos en tiempos recientes no permiten hoy los márgenes a la producción de consenso que se podían producir en los años de la instauración, consolidación e institucionalización del régimen. Por si esto fuera poco, la exigencia creciente de calidad democrática mira con particular interés hacia las políticas de memoria, reparación y justicia.