Nota 23 Las tres crisis del régimen del 78

Cuarenta años después de la instauración del régimen político, la democracia en España atraviesa tiempos procelosos. Las instituciones nacidas de la Transición afrontan un serio problema de legitimidad. Por efecto del éxito modernizador del régimen, así como por los problemas sin resolver y los que se han venido a añadir, la sociedad y su constitución material han cambiado sin que por ello las instituciones hayan seguido siendo percibidas del mismo modo que en sus orígenes.

La crisis de legitimidad

Hoy en día, la política aparece a menudo, bajo distintos indicadores (corrupción, partitocracia, etc.), como el problema que más preocupa a la ciudadanía. La crisis de legitimidad, primera de las tres crisis que atraviesa el régimen, resulta evidente. Desde que en 2011 el 15M gritase «no nos representan» en las plazas (y recibiese por ello el apoyo de un porcentaje amplísimo de la población), ha transcurrido casi una década en la que lejos de mejorar, la legitimidad del régimen del 78 se ha visto más cuestionada todavía. Si atendemos, además del 15M y la sacudida que supuso en la política de partidos, a los desarrollos del conflicto en Catalunya, resulta difícil cuestionar que la política hoy goce del mismo grado de legitimidad que en 2011; no digamos anteriormente.

Pero la crisis de legitimidad no solo afecta al ámbito institucional de los partidos y el gobierno representativo, sino que alcanza otras instituciones como la Corona o la judicatura. Aquí, nuevamente, el problema de legitimidad que la sombra de la corrupción ha arrojado sobre los tribunales, así como el proceso a los líderes independentistas, el juicio de La Manada y otros casos, no da mucho margen a la renovación de las bases de legitimidad del régimen político.

Asimismo, la batalla cultural por el pasado sigue pendiente: desde la impunidad de los aparatos del Estado en el régimen franquista (caso de Billy el Niño) hasta la exhumación del dictador, pasando por las fosas comunes, el régimen del 78 sigue sin resolver el problema de legitimidad que todo Estado nacional tiene con la producción, difusión y aceptación de su relato histórico.

Por más que el balance, hoy por hoy, todavía siga siendo positivo para el régimen, más parece que sea su falta de opciones alternativas que la propia valoración ciudadana la que sostiene la aceptación de los abusos del poder político.

La crisis institucional

La crisis de legitimidad tiene un origen más profundo en los problemas de disfunción institucional que se llevan observando desde hace tiempo. Va de suyo que señalarlos excede con mucho esta nota para la reflexión y el debate. Pero sirvan las siguientes anotaciones para darnos una idea de las dimensiones del problema.

El más evidente de todos ellos, claramente, ha sido la corrupción. La sucesión de casos de corrupción en prácticamente todos los partidos políticos (especialmente si han sido fuerzas de gobierno) ha demostrado que existe un problema endémico en el diseño del régimen, en parte por la herencia pasada, en parte por cómo se hizo la Transición, en parte por factores intrínsecos a la competición electoral y otras lógicas institucionales del régimen.

Pero la corrupción no es el único gran problema que afecta al normal funcionamiento de las instituciones. Desde la fallida reforma del Estatut de Catalunya, recortado en 2010 por el Tribunal Constitucional hasta nuestros días, el Estado autonómico se ha visto sometido a tensiones que han puesto de relieve su insuficiencia para realizar uno de sus principales cometidos constitucionales: la acomodación de las aspiraciones de las naciones sin Estado. La manera en que se ha desarrollado el Procés y la situación a la que se ha llegado no augura un futuro muy prometedor.

Last but no least, de resultas del cambio en el sistema de partidos, las cámaras de representantes afrontan hoy una situación particularmente complicada a la hora de realizar sus funciones, toda vez que en su día no fueron pensadas para acomodar un pluralismo más polarizado como el actual. El efecto del desacompasamiento entre los resultados arrojados por las urnas y el funcionamiento habitual del parlamento, por ejemplo, resulta particularmente sintomático. Recursos como la moción de censura, grupos mixtos sobrecargados, cupos de iniciativas legislativas, etc., ponen de relieve que instituciones tan centrales al régimen no están funcionando, lo que se dice, a pleno rendimiento.

La crisis de institucionalidad

Una tercera crisis más profunda sería la crisis de institucionalidad, eso es, no del normal funcionamiento de las instituciones, sino de su propia naturaleza. En sesiones y notas anteriores hemos apuntado algunas ideas en este sentido. Por ejemplo, a raíz de la insuficiencia de los canales de participación ciudadana directa en los referendums, iniciativas legislativas, etc. La evolución de la última década pone cuando menos en entredicho la suficiencia del diseño institucional del 78 y apunta a la conveniencia de una revisión a fondo de los recursos disponibles para la ciudadanía (id est, marco legal para los referendums, para iniciativas legislativas populares, etc.).

Como también señalamos en su momento, parece sensato cuestionarse la práctica exclusividad de los partidos en los procesos políticos y pensar en la conveniencia de una actualización de los canales de participación más ajustada a la creciente demanda de participación en dichos procesos. Sucede así que a día de hoy, la centralidad asignada al partido político ha sido puesta en cuestión claramente y se expresa en la desafección que genera por su propia naturaleza, siendo preferidas otras modalidades de participación política.

La explicación de este fenómeno sin duda encuentra su correlato en las profundas mutaciones experimentadas por la constitución material de la sociedad española. Basta con ver, por ejemplo, la foto con que encabezamos este post. Nos presenta, dicho con todo rigor, a los padres fundadores del régimen. La ausencia de mujeres resulta hasta ofensiva en la actualidad, por más que entonces no se considerase un factor lo suficientemente relevante. En este sentido, el cambio estructural en el sistema de valores de la sociedad ha tenido efectos importantes, si bien no siempre procesados adecuandamente por una institucionalidad en exceso deudora de los viejos patrones de la cultura política.