[ es ] Ética y política

Existen dos maneras de abordar este problema: la primera, moral, consiste en creer que es posible distinguir entre «partido bueno» y «partido malo» (como si hubiese seres humanos que, bajo iguales condiciones de poder, fuesen de mejor natural que otros a los efectos del control democrático); la segunda, política, consiste en analizar las condiciones institucionales bajo las que se produce esta corrupción (el diseño institucional, la forma-Partido, etc) e intervenir cortando el problema de raíz.

Cuando pienso en Guanyem Barcelona (hablo a título personal, aunque creo que lxs compas lo compartirían), entiendo que esto segundo es a lo que nos referimos cuando pensamos en esa institucionalidad otra que hay que instaurar. Sin el protagonismo de la gente, esto siempre acabará sucediendo: la presunción de la superioridad ética de algunos (incluso cuando se comportan éticamente mejor) nunca ha sido ni podrá ser un fundamento normativo válido para una democracia; toda vez que limitaría la política a quienes disponen de una «areté politiké» o habilidad especial para las cosas de la polis («aristócratas» en el sentido aristotélico).

La dictadura de la virtud, el tutelaje, la vanguardia, la confesionalidad y otras formas de consideración moral de la política, de hecho, han sido históricamente funestas y de resultados por lo general contrarios a lo esperado. El perfeccionismo moral, al fin y al cabo, es una carrera que no conoce final, toda vez que la propia moral va cambiando en función de las decisiones y, por consiguiente, nunca alcanza su objetivo.

En el tumulto de la multitud, en las pasiones democráticas, sin embargo, se radica la posiblidad de rendir políticamente productiva la propia condición humana en toda la amplitud de sus pasiones (generosa y egoista, valiente y cobarde, honesta y mentirosa, etc). Esto lo sabía bien el Maquiavelo de los Discorsi, tan atento a lo que fueron las bases materiales de la república romana. Sepamos leer, pues, estas noticias como lo que son: la exigencia de un cambio de institucionalidad que haga posible el rendimiento de cuentas y penalice la corrupción.