Nota 9, transferencias de soberanía

En la última sesión hablamos de la descentralización del Estado y como el cambio de régimen que siguió a la muerte de Franco instauró un modelo unitario descentralizado que se acabó institucionalizando en las décadas posteriores como Estado de las Autonomías. Hasta tiempos recientes, el modelo autonómico ha sido considerado como un ejemplo de descentralización e integración de éxito. 

Tras la crisis del Estatut y el ascenso de la reivindicación independentista, sin embargo, se ha hecho evidente que el Estado autonómico ha encontrado un límite ante el que se plantea hoy el problema de la estructura de la soberanía. Las opciones permanecen abiertas, al menos por lo que hace al discurso de los actores políticos: retorno al marco autonómico, repliegue recentralizador y resimetrizador de este sobre el modelo centralista, reforma en clave federalizadora o secesión.

Sin embargo, las mutaciones de la soberanía en el mundo actual no discurre únicamente en la distribución del poder, su articulación territorial, etc. A la par que la Transición española comportaba una profunda reconfiguración de la política doméstica, a escala internacional progresaba el proceso de integración de las sociedades capitalistas articuladas como democracias liberales. Desde sus inicios en la posguerra mundial hasta el presente, las transferencias de soberanía de los Estados nacionales a instancias supraestatales ha venido a cuestionar igualmente el marco clásico de la soberanía moderna.

La Transición española, en efecto, no solo fue un cambio de régimen político de fronteras para adentro. Supuso también la actualización del régimen político español en el contexto europeo de posguerra. Al tiempo que se actualizaba en clave democratizadora, el Estado español confluía de manera acelerada, junto a Grecia y Portugal, con el resto de países del entorno europeo. Los griegos serían los primeros en integrarse en 1981, mientras que España y Portugal también culminarían el proceso de incorporación a la CEE en 1986, con el Acta Única Europea. En vigor desde el año siguiente, el Acta Única Europea asentaría las bases para la constitución de la Unión Europea, cinco años después. Para el Reino de España, el Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, firmada en junio de 1985 supondría la puesta al día definitiva con el resto de Estados miembros de la CEE.

Contexto geopolítico de la integración europea

La división de Europa por el Telón de Acero y la importancia geopolítica de la península ibérica hicieron que en los años sesenta y setenta las potencias occidentales se empezasen a interesar por el Mediterráneo septentrional como un área geopolítica preferente. El bloqueo hacia el Este de Europa y cierta compatibilidad económica de las dictaduras militares del sur (Grecia, España y Portugal) ubicaban la región en una posición favorable y prioritaria en el camino de la ampliación e integración europea. 

Crear un espacio europeo más fuerte e influyente en el contexto de la Guerra Fría exigía una cierta homologación de los regímenes políticos. A todas luces, las dictaduras mediterráneas oponían una barrera insuperable a la intergración europea. Pero al mismo tiempo, el incentivo a una democratización no era menor para los países de la Europa mediterránea. Excepción hecha de los nostálgicos del pasado, se configuraría en las sociedades griega, portuguesa y española, amplios bloques europeístas favorables a que la democratización se desarrollase pareja a la integración europea.

Críticas a la integración

El ufano europeísmo de los años ochenta empezó a recibir sus primeras críticas en la misma medida en que la integración comportó políticas de ajuste. Fuera la reconversión industrial, la política agraria común (de nuevo presente en la actualidad) o cualquier otro sector, lo cierto es que la integración europea generó sus ganadores (situados entre los beneficiarios de la terciarización) y perdedores (sectores primario y secundario). Durante la década siguiente, no obstante, el europeísmo contó con un amplio respaldo social y las críticas que le eran dirigidas tuvieron más un cariz resistencialista que impugnatorio del proceso de integración europeo.

Entre 1992, año en que se firma el Tratado de Maastricht, y 2001, año del Tratado de Niza, la integración europea progresó sobre la transferencia de soberanía requerida por el principal axioma de la construcción de la UE: primero la integración económica y luego todo lo demás. La creación del sistema monetario europeo, del euro, etc., fueron procesos pensados para sentar las bases de una posterior unión política. A estos efectos se fueron aprobando tratados y desplegando toda la labor legislativa europea que, si bien articulaba un espacio de integración supranacional sin precedentes, no iba exento de costes sociales, culturales, medioambientales, etc.

Crisis del proyecto europeo.

En 2004 las votaciones en referendum de Francia y Dinamarca, harían fracasar el Tratado por el que se establece una Constitución Europea. De igual modo, en España, donde el europeísmo había contado con una amplia base política en las décadas precedentes, el referendum sobre la Constitución Europea de 2005 se saldaría con un resultado agridulce. Por un lado, el apoyo mayoritarío alcanzaba el 81,65%. Por otro, la participación registrada, del 42,32% era la más baja registrada desde los años de la Transición.

Con el tercer milenio el proyecto europeo se tendría que enfrentar a un contexto mucho más dificíl que el de la Guerra Fría. El fin del ordenamiento del mundo en dos bloques que enfrentaban a la URSS y los EEUU dio paso al “desorden mundial” y la globalización. La disolución de viejas certidumbres y nuevas dinámicas transnacionales pusieron en jaque el Estado nacional y con ello un cierto cosmopolitismo liberal que había operado como amparo ideológico de los procesos de transferencia de soberanía de los Estados nacionales hacia instancias supranacionales.

Al tiempo tiempo que el proyecto europeo topaba con sus primeras dificultades de envergadura, los antentados del 11S de 2001, las guerras de afganistán, Irak, etc., por un lado, y la emergencia de potencias emergentes como los “cuatro tigres asiáticos” (Corea del Sur, Hong-Kong, Singapur y Taiwán) o los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), por otro, venían a complicar más el proyecto de una integración que ahora devía desarrollarse en un contexto de globalización. No es casual, por esto mismo, que la primera década del presente siglo haya sido aquella en la que el movimiento altermundialista puso en cuestión la legitimidad de las bases de integración supranacional europea y global bajo el paradigma neoliberal.

¿Repliegue o implosión del proyecto europeo?

En los últimos años, la tensión entre multilateralismo y unilateralismo ha marcado los vaivenes de la política global, provocando, en los tiempos más recientes, la parálisis del proceso de integración europeo, a la par que la emergencia de actores políticos partidarios del retorno al tiempo de los Estados nacionales. En este sentido, el Brexit marcará seguramente el tiempo histórico que se abre por delante. Con él han aparecido actores políticos reactivos a la integración europea o “euroescépticos” que identifican en el retorno al Estado nacional el principal eje sobre el que articular su proyecto político.