Nota 16 La otra crisis de la territorialidad

Aunque a menudo ha sido tratada como una anécdota simpática de noche electoral, la entrada en el Congreso de los Diputados de la formación Teruel Existe responde a una tendencia fundamental en la constitución material del régimen del 78. En primer lugar porque el lema Teruel Existe corresponde a una movilización ciudadana que cuenta ya con años de presencia en su territorio. Su fundación data, de hecho, de 1999, y fue efecto de toda una serie de movilizaciones sociales habidas en la provincia en defensa del Ferrocarril, el transporte sanitario o la salud mental; servicios que por efecto del escaso peso demográfico y económico dejaban al territorio con una pésima cobertura.

Con la crisis de 2008 el problema se agravó, no solo en Teruel –a estos efectos punta de lanza de la reivindicación, más amplia, de los territorios rurales– sino de lo que en conjunto se ha venido a conocer como España vaciada. El fenómeno de la despoblación (y sus efectos sobre los servicios) no es en modo alguno una novedad y correlaciona con los propios desarrollos del modelo económico y social del país. En los años del Desarrollismo franquista ya tuvo lugar el conocido éxodo rural, que acompañó la modernización y terciarización de la sociedad española.

Desde entonces, aunque de manera distinta según el momento histórico, lo cierto es que la tendencia a la despoblación de algunos territorios en beneficio de otros no ha cesado; tanto más por cuanto el modelo productivo del país no solo ha visto cómo en los años del desarrollismo perdía peso el sector primario, sino porque, a partir de los ochenta, los territorios donde había sido especialmente relevante el sector secundario también comenzaría a experimentar el vaciamiento demográfico. Añádase a esto que, a partir de los años ochenta, la introducción del paradigma mercantilizador propio del neoliberalismo, vino a introducir cambios en los criterios de gestión pública que agravaron el problema.

La España de las provincias se vacía

El modelo territorial de Javier de Burgos respondía al ideal jacobino y bonapartista, con arraigo en la Ilustración, y que aspiraba a construir un país simétrico organizado sobre la base de una administración simétriza, uniforme y racionalista. La propia genealogía del modelo provincial es una historia de resistencias reactivas del Antiguo Régimen a la modernización que, con el paso del tiempo, a medida que se iban conociendo los efectos de su instauración, observó como surgían otras resistencias más modernas. No es casual que el foralismo vasco o los provincialismos gallego y catalán (un provincialismo defensor de las provincias del antiguo régimen) se encuentren en los orígenes de los nacionalismos sin Estado. Como vimos en la anterior nota, esta pugna entre el modelo bonapartista y el modelo descentralizado y/o federal, ha marcado la historia contemporánea del Estado en España.

Tras la guerra Civil, el Franquismo impuso manu militari el modelo provincial, en la confianza de que con él se lograría realizar un proyecto nacional a imagen y semejanza del francés: asimilacionista en lo cultural, uniformizador en lo administrativo. Como parte de su proyecto ideológico, el régimen franquista asumía –y se servía– del modelo provincial para llevar a cabo su ideal modernizador, fuertemente centralista y simetrizador. Como apuntamos, esto no impidió el éxodo rural en los años del Desarrollismo, ni tampoco con posterioridad, una vez instaurada la democracia, etapas de fuerte agravamiento de la tendencia a la despoblación y merma en la prestación de servicios. En este sentido, la evolución de España en los años de las mayorías absolutas conservadoras muestra claramente una tendencia a concentrar en Madrid el esfuerzo inversor y financiero. Al punto, incluso, de que la España que en su día mostraba una estructura más próxima a la Italia bipolar del eje Milán/Roma, ha visto despegar Madrid como metrópoli hipertrofiada rodeada de un territorio crecientemente despoblado y privado de recursos y servicios.

El problema político de la igualdad

En términos normativos, una ciudadanía democrática presupone la igualdad de sus integrantes. En una concepción liberal arcaica esta igualdad no va más allá de una igualdad meramente jurídica que asegura los derechos fundamentales y libra a la propiedad el disfrute del bienestar. En el siglo XX, sin embargo, el Estado nacional, de derecho y democrático vieron como se les añadía un cuarto Estado: el Estado de bienestar. Como parte de su propio sentido, el Estado de bienestar se impone asegurar una igualdad de base, con fundamento material, entre todos y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas. De esta suerte, la idea de igualdad se amplía a una serie de derechos y libertades que constitucionalmente quedarán recogidos por el régimen del 78.

Los desarrollos socioeconómicos recientes de la sociedad española (su propia constitución material), sin embargo, han originado una tensión adicional a la ya conocida tensión territorial de las naciones sin Estado. La España vaciada ha comenzado a plantear en este sentido reivindicaciones legítimas que enfatizan la tensión creciente entre los derechos constitucionales que se suponen por igual a quienes pagan sus impuestos y forjan la Nación (sanidad, educación, movilidad, etc.) y la realidad de una desigualdad creciente respecto a las zonas beneficiarias de un modelo productivo basado en el turismo de sol y playa, así como la construcción en las grandes áreas metropolitanas. Esta tendencia, que se ha demostrado implacable en las últimas décadas, bien que con claros matices según los gobiernos y los tipos de mayorías, se encuentra hoy ante una nueva crisis que por sus rasgos inéditos bien podría introducir discontinuidades esperanzadoras para un rural duramente afectado por el modelo de modernización seguido por el régimen del 78 en continuidad con el proyecto franquista.