Nota 15 ¿Dos Estados en uno?

En la misma medida en que el Estado es un monopolio de la violencia física legítima dentro de unos límites geográficos, la historia de los Estados es una historia de permanente definición de límites y articulaciones territoriales. A lo largo de los siglos se han ido superponiendo, dividiendo, agregando… diferentes territorialidades, de suerte que los Estados actuales son el resultado de complejos procesos de sedimentación histórica no tan fácilmente manejables como a menudo se da a entender desde los marcos de interpretación ideológica.

El caso del Estado español es bien ilustrativo de esto. Si atendemos a una perspectiva de longue durée como la manejada por Charles Tilly en su obra ya clásica Coerción, capital y los Estados europeos, no es difícil ver a grandes trazos de dónde resulta la configuración actual del Estado español. En este sentido podemos retrotraernos a la reconfiguración de los reinos medievales tras la caída del Imperio romano y la disputa territorial entre la cristiandad y el Islam. Desde entonces los procesos de agregación e integración fueron construyendo entidades estatales cada vez mayores.

No por casualidad, en la narrativa del nation-building español, el año 1492 –fecha del «descubrimiento» de América y de la incorporación del Reino nazarí (también emirato o sultanato) de Granada– marca el hito de entrada en la modernidad. El Estado español, convertido en Imperio a partir de entonces, conoció una extraordinaria expansión territorial que, andando el tiempo, se mostraría un factor clave en el origen de no pocos problemas en la configuración de la España contemporánea como Estado nacional: falta de modernización y racionalización administrativa, macrocefalia del ejército, intervencionismo y golpismo militar, etc. Aunque luego de la pérdida de los dominios territoriales de Cuba y Filipinas en 1898 el Imperio quedaba liquidado no sería hasta la Transición y la Marcha Verde de 1975 que se definió el mapa actual. El actual Reino de España, por tanto, ha qeudado reducido a su territorio peninsular y los archipiélagos canario y balear, así como las ciudades enclave del norte de África.

Desde un punto de vista histórico y analítico, la articulación territorial del Estado español ha pasado por varios momentos y configuraciones. De forma resumida conviene destacar, en primer lugar, la formación de la España moderna bajo los austrias (1516-1700) como un Estado de estructura descentralizada o, para ser más exactos, polisinodial (integrada por los distintos consejos territoriales de Castilla, Aragón, Italia, Indias, Portugal, Flandes, etc.). Sería con la dinastía borbónica que se operaría una mayor centralización (Decretos de Nueva Planta) que liquidaría definitivamente los antiguos reinos creando provincias e intendencias.

Con el paso del Antiguo Régimen a la edad contemporánea, esta tensión entre modelos perduró mutando los términos en que se plantea. Por un lado, desde de las Cortes de Cádiz hasta la reforma de Javier de Burgos de 1833 que origina la división provincial, el Estado experimenta una tendencia centralizadora, simetrizadora y concentradora del poder político. Este, sin embargo, generará resistencias internas opuestas a esta tendencia que acabarán no solo planteando la búsqueda de sucesivas articulaciones territoriales alternativas (1847, 1873, 1884, 1891 –1897 cartas de autonomía de Cuba y Puerto Rico– y 1931), sino la aparición de movimientos regionalistas y nacionalistas.

La Historia española puede ser vista así como un constante tira y afloja entre partidarios de una mayor centralización o una mayor descentralización, teniendo por efecto la crisis de la construcción de una identidad nacional compartida (nation-building) y la constante posposición de la organización territorial del Estado. En este sentido, la Transición española llegó a un acuerdo para reconfigurar el Estado franquista (centralizado y simetrizante) como un Estado unitario descentralizado, asimétrico y tendencialmente federalizante. Entre 1978 y 1983 se pondrá en marcha, por tanto, el modelo autonómico. Con él se intenta integrar la tensión histórica por medio de la superposición del Estado provincial (municipios-diputaciones provinciales-Gobierno central) y el Estado descentralizado y asimétrico (Comarcas/Veguerías/entidades subregionales/Comunidades Autónomas-Gobierno central).

De un tiempo a esta parte, sin embargo, el modelo autonómico, a menudo presentado como el contrapunto de éxito a los modelos fracasados de la Europa central y oriental durante la Guerra Fría (URSS, Yugoslavia, etc.), ha entrado en crisis. Muy en especial tras la sentencia sobre el Estatut de Catalunya, el Estado autonómico se ha visto sacudido por un aumento de tensión: a un lado, el Procés promovido por la declinación independentista del catalanismo; por otro, la reacción a este por parte de fuerzas políticas emergentes de referente identitario español y situadas en la derecha del espectro político.

Una década después de la sentencia del Estatut no parece que ninguna de las partes en conflicto haya conseguido un apoyo mayor que el logrado por el primer Estatut (1979). Antes bien, la política se presenta ahora dividida en tres facciones irreconciliables: partidaria de la secesión (JxCat ERC, CUP), partidaria de algúna modalidad de recentralización (PP, Cs, Vox) y partidaria de una tercera vía que contemple alguna modalidad eventual de federalización (PSC, Cat en Comú). En este orden de cosas, los partidos partidarios de la recentralización han llegado a proponer la supresión de las provincias o las comunidades autónomas en un intento de reconfigurar el modelo territorial suprimiendo alguno de los niveles intermedios de la organización territorial del Estado. Con todo, la vía de la reforma constitucional requiere de mayorías cualificadas que bloquean cualquier cambio que no parta de la articulación de consensos equivalentes a los logrados en tiempos de la instauración del régimen del 78.