[ es ] Profundizando en el debate sobre el Plan Bolonia

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Apropiarse de los argumentos ajenos, especialmente si éstos apelan a hechos incontrovertibles, para, a partir de ahí, desviarlos de su inicial contexto y reorientarlos a reforzar la propia argumentación es una estrategia tan antigua como la retórica, y ésta, como es sabido, una disciplina con arraigo universitario desde tiempos medievales. En el reciente debate público, abierto a fuerza de movilizaciones estudiantiles, los argumentos de los partidarios de la mercantilización de la enseñanza universitaria europea nos brindan estos días buenas muestras de ello. Un ejemplo lo tenemos en el reciente artículo publicado en El País, por el rector de la UPF y presidente de turno de la ACUP, Josep Joan Moreso y que lleva por título Bolonia como unidad de medida.

En efecto, quienes leen este blog habitualmente han podido encontrar en él artículos en los que se exponían argumentos como el siguiente:

En un mundo globalizado, sin embargo, las políticas neoliberales no son capaces de ofrecer alternativas a quienes ven como año tras año se precariza su situación laboral y se les exige en cambio mayores esfuerzos inversores en la propia formación (idiomas, másters, etc). Ante esta situación, la respuesta neoliberal es clara: mercados más amplios. La creación de un mercado único de la enseñanza superior en Europa pasa en el momento actual por una reforma universitaria que haga posible la subordinación progresiva de la institución universitaria a los intereses privados. En rigor, no es exacto decir que el Plan Bolonia “privatice” la universidad. Lo que sí hace es allanar el camino para que esto suceda por medio de la creación de las condiciones institucionales necesarias.

Al igual que en su momento la abolición de las barreras internas a los Estados nacionales supuso la adopción del sistema métrico-decimal, la liquidación de la autonomía de las instituciones tradicionales, etc., hoy el Plan Bolonia introduce el sistema de créditos ECTS, la estructura grado/postgrado/magíster, las acreditaciones, la pérdida de autonomía bajo el control de consejos sociales en manos del mundo empresarial, así como la puesta en marcha de otros dispositivos de uniformización, homologación y control social. Después de todo, el mercado no es un fenómeno natural que surge de la nada. La creación de un espacio de intercambio reglamentado es, en definitiva, un prerrequisito para su puesta en marcha.

[ cifr.: movimiento estudiantil y violencia política ]

Desconozco si el rector ha frecuentado en alguna ocasión estos bytes o los de otros espacios donde ha sido hecho público este argumento, aunque me costaría creerlo. No le recuerdo entre el público de las múltiples charlas y debates en que he tenido ocasión de participar, aunque últimamente son tan masivas que ya no puede uno estar seguro de que no se encuentre escondido, cual Wally, entre la multitud. Tampoco es que nada de todo esto tenga la menor importancia más allá de que pudiera servir para animar al rector a ser coherente y favorecer la implantación en la universidad del copyleft, el software libre y otras alternativas a la privatización de los saberes (aquí sí, por cierto, se puede hablar de privatización). Confiemos, eso sí, en que Ramoncín y su gang de la SGAE no se enteren; no vaya ser que hagan pagar un canon al rector (prometo, en el improbable caso de llegar a cobrar alguna indemnización, que donaré la suma a Creative Commons o algún otro proyecto semejante). Lejos en todo caso de esa expresión de narcisismo liberal que es la autoría, lo que cuenta ahora es la confrontación democrática de argumentos con los partidarios de Bolonia, tal y como se está implementando. Vamos a ello, pero no sin advertir previamente sobre el marco político en que se desarrolla el debate.

Por un debate con garantías deliberativas

Desafortunadamente, las condiciones en que se produce la deliberación en las democracias liberales dista mucho de alcanzar la calidad que cabría exigir a las capacidades materiales de la sociedad de la información. Basta con echar un ojo al discurso periodístico y a sus terjiversaciones, para darse cuenta de que los niveles de demagogia exceden los mínimos exigibles por un debate público. Como es sabido, el medio media y lo hace a favor de los intereses que lo financian, como no podría ser de otra manera.

No cabe por ello mismo hacerse muchas ilusiones respecto a las posibilidades dialógicas del «gran» debate mediático. A poco que se comprenda cuales son los intereses en juego con la mercantilización de la universidad, rápido se habrá de reconocer que no será en el terreno conceptual de la inexistente, por imposible, «comunidad de diálogo» (Habermas) donde tenga lugar la deliberación. Antes bien, al igual que en su momento sucedió con el debate sobre la globalización, el debate sobre Bolonia se ganará (se está ganando ya, a juzgar por el eco que se hacen los rectores de nuestros argumentos) desde la política del movimiento.

Cosa distinta es que ganar el debate comporte modificar de manera efectiva la realidad universitaria. Recuérdense casos como los de la LOU que, por ganados, incluso hicieron decir a Zapatero que en caso de ganar las elecciones derogaría la ley… y todavía seguimos esperando. Tener la razón sin duda está bien, pero incidir sobre la realidad está todavía mejor. De momento, desafortunadamente, la implantación de Bolonia progresa en una declinación particularmente perjudicial para la gran mayoría de los universitarios, así como para el conjunto de la sociedad. Bien está que a la espera de poder incidir de manera efectiva sobre los decisores del proceso, se logre abrir un debate sustraído a la opinión pública desde la aprobación de la LOU. Al fin y al cabo, únicamente haciendo visible a la opinión pública la otra realidad universitaria (la de los profesores precarios, la de los estudiantes que tienen que trabajar, la de las familias que no alcanzarán a pagar masters, etc.) será posible incidir de manera efectiva sobre la implementación del Plan Bolonia. Cambiar el actual estado de la opinión pública es posible mediante la acción colectiva y así se está demostrando, de hecho, en las últimas semanas.

En efecto, gracias a las movilizaciones estudiantiles y a los espacios deliberativos generados en su decurso, quienes no disponemos del acceso privilegiado a la esfera pública que facilitan los grandes medios de comunicación, hemos podido encontrar al menos un lugar donde reflexionar sobre la naturaleza e impacto que el Plan Bolonia tendrá sobre la institución universitaria y, por consiguiente, sobre nuestras propias vidas. No se ha de minusvalorar la potencia ni el impacto de estos espacios deliberativos y qué mejor prueba de ello que leer a todo un rector en El País haciendo uso de los argumentos que se han generado en la deliberación colectiva de estos espacios.

Bolonia como unidad de medida: una réplica

Vamos, pues, con la profundización del argumento de la unidad de medida desde una posición crítica con la actual implementación de Bolonia. Lejos de la ufana convicción de que Bolonia supone un progreso de por sí con independencia de su implantación, resulta conveniente recuperar el hilo del debate desde el terreno de la crítica de la economía política neoliberal en que en su momento enunciamos la idea. En este sentido, no parece muy sensato pensar que la creación de un mercado universitario de dimensiones europeas sea intrínsecamente buena para todos y para todo.

Existen buenas razones para ello, comenzando por la de la propia experiencia que ha hecho la universidad española con la creación del distrito único («espacio» estatal equivalente del Espacio Europeo de Enseñanza Superior que se genera con Bolonia). Veamos un ejemplo de los efectos de la mercantilización: desde la puesta en marcha de la LOU (2002), las universidades gallegas han perdido, de acuerdo con el informe de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) un 24% de sus estudiantes. Junto con Asturias, la comunidad autónoma gallega ha sido la que más ha sufrido el impacto de la LOU sobre el volumen de estudiantes.

Sintomáticamente, durante las movilizaciones contra la LOU se escucharon las mismas acusaciones de antimodernismo, de autarquismo, corporativismo y demás que hoy lanzan algunas autoridades comenzando por el propio conseller de ERC, Josep Huguet i Biosca. Si esto no sorprendía en modo alguno bajo los gobiernos del PP, sorprende algo más en el caso de los gobiernos de izquierda; aunque sólo sea porque con esta actitud están favoreciendo la desafección política sobre la que podrían llegar a perder, antes o después, un importante electorado.

El caso gallego ilustra un hecho económico que, acaso significativamente, estén pasando por alto los implementadores del Plan Bolonia, a saber: el hecho de disponer de un mercado, con sus correspondientes unidades de medida, no asegura unas condiciones iguales de partida a quienes entran a formar parte de él e incrementa, por el contrario, el riesgo de perder lo que se tiene. En el momento mismo de la creación del mercado se verificará que las externalidades resultan decisivas a la hora de competir. Las universidades pasarán así, por el inevitable efecto consiguiente de la mercantilización, de ser generadoras de riqueza y dinamizadoras de la economía de su entorno a ser dependientes del mismo y las contingencias del mercado.

Santiago de Compostela constituye un buen ejemplo del desastroso impacto económico que la mercantilización puede tener sobre una ciudad universitaria. Mientras que las universidades de Vigo y Coruña han conseguido mantenerse, la universidad compostelana se ha hundido arrastrando con ella al sistema universitario gallego en su conjunto. La ampliación del mercado no carece de costes para quienes entran en él desde una posición de inferioridad económica.

Así las cosas, no parece desacertado preguntarse por el impacto que podría tener la creación de un mercado europeo de universidades sobre el conjunto de las universidades españolas, con independencia de que algunas de ellas pudieran salir ganando respecto a sus competidoras. En buena lógica, esta cuestión nos debería llevar a preguntarnos, pues, por cuál es el lugar de la universidad española y si éste es un lugar desde el que se pueda hacer frente a una mercantilización de escala europea. Para los apologetas de la construcción europea, basta que algo proceda de Bruselas para que sea connotado positivamente. A estas alturas de la integración, sin embargo, no parece que el europtimismo de los años ochenta siga siendo un caudal de capital político suficiente; no al menos, a juzgar por el elevado abstencionismo en el referéndum constitucional europeo.

Desde el punto de vista de la experiencia, por lo tanto, el argumento que iguala ampliación de mercado con progreso social parece más bien cuestionable, cuando no una insensatez. Desafortunadamente, como indicábamos con anterioridad, no sólo es cuestión de la facticidad y validez argumental, sino que lo que está en juego es el conjunto de decisiones que ha de configurar la implementación de Bolonia y, con ello, la universidad del futuro. Para comprender, en fin, esta disociación entre la razonabilidad del argumento y la decisión, resulta necesario que preguntarse, a mayores, por los intereses en liza, vale decir, por quienes son los ganadores y quienes los perdedores del proceso Bolonia.

Antes de recurrir al argumento composicionista y apuntar algunas ideas al respecto, nos gustaría acabar de cerrar nuestro posicionamiento contra la mercantilización con dos precisiones importantes. La primera de ellas, en continuidad con lo expuesto, viene a decir así: dada la posición europea del conjunto de las universidades españolas, la instauración de unidades de medida como los créditos ECTS no correlaciona con la mejora global de la universidad y perjudica seriamente el valor de las titulaciones actuales y futuras. Dicho de otro modo: el hecho de que gracias al sistema métrico-decimal nacido de la Revolución de 1789 todos los coches europeos puedan medir en litros la gasolina que consumen, ello no significa que todos los conductores europeos tengan un Rolls Royce, un Volvo o un Mercedes, ni que las carreteras de toda Europa sean iguales de buenas que las autopistas alemanas. De igual manera, no todas las licenciaturas ni trayectorias curriculares conducirán a los mismos destinos profesionales. De aquí a unos años (no tantos) podremos observar el impacto del plan sobre las carreras profesionales de los estudiantes de hoy. En su horizonte se lee bien claro: precariedad.

De hecho, tal y como explicaba recientemente un reportaje del Canal 3/24, en la ciudad de Barcelona los profesionales alóctonos están desplazando a los autóctonos del mercado laboral. Por expresarlo de manera figurada, la facilidad con que se piensa en los beneficios del incremento turístico que producirá la película del honoris causa de la UPF, Vicky, Cristina Barcelona, contrasta con las dificultades con que se encuentran los profesionales del audiovisual para ganarse la vida. Incluso desde la lógica individualista del neoliberalismo no se verifica el cálculo racional de apoyar Bolonia para la inmensa mayoría de titulados, presentes o futuros, de las universidades del Estado español. Falla, pues, el argumento utilitarista. Ni que decir tiene que el impacto cultural sobre las lenguas y culturas minoritarias o cualquier otra expresión de la existencia que vaya más allá del individuo/consumidor será más que preocupante.

Todo esto nos lleva al segundo argumento: la insostenibilidad del crecimiento que auspicia la mercantilización. De hecho, el mercado universitario europeo, especialmente en el caso de la universidad española, tiene mucho de economía especulativa y bien poco de economía real. Tal y como apuntaba recientemente Francisco Fernández Buey en su introducción al debate organizado por el Centro de Estudios de los Movimientos Sociales (CEMS), sorprende que con la que está cayendo en la economía global las autoridades académicas celebren con tanta facilidad una declaración, la de Bolonia, aprobada en las postrimerías de la euforia neoliberal, allá por 1999 (año de la revuelta antiglobalización de Seattle), y no se cuestionen qué es lo que ha cambiado desde entonces.

En efecto, la creación artificial de mercados cada vez mayores y que alcanzan cada vez más esferas más vitales para la sociedad (sanidad, educación, etc.) se ha demostrado un ejercicio de pura irresponsabilidad económica. Por desgracia, el discurso político actual busca legitimidad en la memoria de las políticas del welfare (el tan alabado keynesianismo), pero únicamente ofrece propuestas basadas en el workfare (así, las 65 horas) y la exclusión social (la «directiva de la vergüenza»). Lo más sorprendente de la crisis actual es la poca credibilidad de su discurso intimidatorio y la consciencia que de ello tiene una parte creciente de la ciudadanía.

En este orden de cosas, el Plan Bolonia es un tipo de solución que se probará ineficaz al medio plazo por la insostenibilidad del mercado que aspira a articular. Y no ya tan sólo por su propia lógica interna, esto es, por la interiorización de las reglas de juego neoliberales por parte de la universidad, sino también por su incardinación extrauniversitaria en los desarrollos del capitalismo global. La mercantilización de la enseñanza superior no supone únicamente crear un mercado universitario, sino abrir la universidad a una influencia cada vez más grande de capitales externos sin que a cambio se esté observando una institucionalización de las relaciones universidad/empresa beneficiosa para la universidad.

Por otra parte, ligar la enseñanza de manera creciente a los destinos del capitalismo global no parece la mejor de las soluciones que se pueda adoptar precisamente en el momento actual. Más aún cuando se sigue pensando la denominada «refundación del capitalismo» en el marco de un paradigma del crecimiento. Ahora bien, el crecimiento no es una alternativa. Como es sabido (véase el informe Planeta Vivo de WWF), desde mediados de los años 80, el índice de la huella ecológica de la humanidad ha superado el umbral de la biocapacidad del planeta. En los momentos actuales, para mantener el estado de cosas, necesitaríamos aproximadamente 1,3 planetas. Lamentablemente, sólo tenemos uno.

A fin de sostener la mercantilización de la enseñanza superior sería necesario mantener un incremento constante del número de universitarios y de sus ingresos, lo cual, en el caso de ser posible, sólo favorecería la inflación de títulos y el desprestigio subsiguiente de la formación universitaria. Durante el periodo en que la LAU y la LRU estuvieron en vigor (las décadas de los años ochenta y noventa), las universidades se masificaron de manera espectacular. Ello facilitó la formación de una mano de obra altamente cualificada, pero inadecuada a las exigencias de la economía.

En la práctica esto se tradujo en un paro de masas, la inadecuación de las formaciones a los puestos de trabajo reales y la subsiguiente ventaja salarial comparativa en el marco europeo. La fuga de cerebros demuestra como pocos fenómenos las contradicciones entre los niveles estatal y global en beneficio de la precarización de las existencias y los flujos migratorios de masas. Muchos de cuantos en los ochenta y noventa creyeron ingenuamente en el sueño del acceso a la formación universitaria como la vía a un trabajo de calidad, despertaron en la pesadilla laboral del siglo XXI.

Ante los procesos en curso, más allá del diagnóstico de lo que ocurre, quizás vaya siendo hora de preguntarse por la composición social de la universidad presente y futura, por las responsabilidades políticas, por los beneficiarios y los agraviados de la mercantilización, por los actores sociales y agencias políticas, en definitiva, de la implementación del Plan Bolonia. Quizás así consigamos salir políticamente del atolladero global o, por lo menos, intentarlo.

Winners y losers de la globalización universitaria

La connivencia, cuando no entusiasmo, con la actual implementación de Bolonia tiene lugar como hemos indicado en la falsa convicción de que es posible crecer infinitamente. Buena parte de los universitarios comparten esta idea de forma individualista y lo hacen, tal y como se puede observar, de una manera que correlaciona de forma bastante clara con algunos cálculos racionales fundados en el interés egoista característico del homo oeconomicus que caracteriza el funcionamiento de la sociedad liberal. Así, por ejemplo, se comprenden fácilmente las asimetrías de las protestas entre los estudiantes de las universidades más masificadas (UAB, UB, UCM, etc.) y las más elitistas (UPF, Carlos III, etc). El problema, sin embargo, no afectará necesariamente a unas universidades en beneficio de otras, ya que todas perderán en el nuevo marco europeo.

La beligerancia a favor de Bolonia de muchos universitarios arraiga en el interés de unos pocos, en la ignorancia de unos cuantos y en el perjuicio de los más. Si uno se detiene a analizar el vínculo entre la composición social de los universitarios (de clase, género, origen, etc.) y la línea de tendencia que se desarrolla desde hace unos años en las universidades, rápidamente se podrán identificar los «presuntos» ganadores y perdedores Bolonia («winners» y «losers«, en el decir del neoinglés que se imposta como voz de los universitarios ante la sociedad). Entrecomillamos presuntos, pues, para bien o para mal, la teoría de juegos no ofrece al medio o largo plazo un ganador posible.

Por lo que hace a los cambios en la composición, resulta conveniente no perder de vista la introducción progresiva del workfare allí donde hasta hace bien poco se aspiraba al welfare. Piénsese, por ejemplo, en el cambio semántico que se ha operado sobre la palabra beca. Antaño considerada como una oportunidad para escapar de la lógica laboralista y conseguir una formación y empleo de calidad, cada día tiende a solaparse más con los campos semánticos de «contrato basura», «precariedad», etc.

No son pocos los estudiantes que tienen becas condicionadas a realizar un montón de horas de trabajo en los servicios universitarios donde antaño se encontraba un personal administrativo con formación, asalariado, con seguridad social, etc. Por si no fuera suficiente, la banca se frota las manos pensando en los créditos para estudiar másters y otros «productos financieros«. La capacitación creciente de la figura del trabajo postfordista (el cognitario), unida (todo sea dicho) a la incompetencia e intereses corporativos de los grandes sindicatos, y del establishment de la izquierda política más en general, ha facilitado enormemente el remplazo del antiguo personal administrativo por unas autoridades académicas movidas en no pocas ocasiones por intereses espurios y el éxito inaudito de sus propias carreras profesionales forjado cómodamente en las décadas doradas de la expansión universitaria (periodo LRU).

En el marco de la LOU, tendencias como las apuntadas no han hecho más que agravarse. Piénsese, por ejemplo, en las condiciones contractuales del profesorado y la fuerte jerarquización que de ella se deriva. En una universidad como la Pompeu Fabra, por ejemplo, únicamente un 13% de los profesores es funcionario. De acuerdo con el marco legal de la LOU, existe un tope legal del 49% de profesorado contratado temporal (queda un 38% contratado fijo no funcionario, con la consiguiente jerarquización). Completan el escalafón los becarios con obligaciones docentes, particularmente sensibles a la externalización de los costes de la implementación de la reforma pedagógica.

Téngase en cuenta que una descarga de tareas docentes cada vez mayor que recae sobre los últimos escalones (profesores precarios y becarios) que son, precisamente, los que menos preparación tienen. Añádase a esta situación una asignación contingente de materias que bien puede hacer que un becario o un profesor precario, sin la debida experiencia docente, cargue con asignaturas troncales (el esqueleto que sostiene la formación del universitario), mientras que un catedrático experimentado y gran conocedor de la disciplina imparte clases de una materia optativa a un grupo muy reducido de estudiantes sobre sus últimas investigaciones y poco más (cosa que cabría esperar, exclusivamente, para quienes de entre los estudiantes quieran optar por ser científicos).

Y en esto llega Bolonia, con su sistema multinivel de grado, máster y posgrado, con clases en pseudoseminarios de más de 30 estudiantes por aula en el mejor de los casos (así por ejemplo, materias como Ciencia Política I en la UPF, el curso pasado), una sola hora de clase y la mitad de la asignatura aprobada por el mero hecho de firmar el parte de asistencia. Ante esta realidad cabe dudar muy seriamente de las ventajas del «Plan Bolonia» (en rigor, de su implementación). No es tan sólo, como hemos argumentado, una cuestión de aportar más recursos (becas para estudiantes, infraestructuras para modificar los aularios, contratación de personal administrativo y profesorado, etc) por más que estos sean urgentes, sino más bien repensar el modelo social de universidad en su integridad, más allá del workfare (ineficiente por sobreexplotación) y el welfare (ineficiente por inadecuado a los cambios de la estructura productiva) en dirección a un commonfare capaz de crear una universidad apta para un mundo global.

Por último, tal y como está la situación, seguramente deberíamos pensar más y mejor cuál es la lógica subyacente a esta nueva desvalorización del estudio universitario (que viene a sumarse, por cierto, a los efectos heredados de un proceso equivalente en las enseñanzas medias). Deberíamos preguntarnos quien ha producido la imagen de la universidad como un parásito social corporativista, quien dispondrá de una capacidad mayor de influencia sobre los estudios gracias a los consejos sociales, quien puede perder tres años de un aprendizaje de calidad a la espera de un master de calidad con el que perfilarse por encima de una masa de futuros precarios. Quizás a partir de aquí se puedan desarrollar los procesos de subjetivación antagonistas que requiere hoy la construcción de una universidad de calidad, sostenible y sin distinciones de condición y, más allá de tenerse razón o no, se consiga realizar la confrontación agonística que logre cambiar las cosas.