Nota 22 Política contenciosa y régimen del 78

Junto a la participación política institucionalizada por el régimen, también existen formas de acción política que decimos contenciosa. McAdam, Tarrow y Tilly acuñaron este concepto («política contenciosa») para referirse a la política que no está institucionalizada en un régimen político y que se contrapone a este de forma antagonista.

La participación no institucionalizada por el régimen, no significa que no esté institucionalizada bajo otros marcos normativos, que carezca de sus propias instituciones y se sostenga de manera opuesta, transversal o en paralelo al régimen. De hecho, la historia de la forma-Estado no es otra que la de ir integrando y acomodando diversas instituciones bajo su propia institucionalidad, definida en el marco constitucional, y autoridad. Aunque es una obviedad, conviene no olvidar que prácticas àntagonistas como las huelgas y manifestaciones o instituciones como los sindicatos y los partidos políticos no siempre han sido legales.

Los regímenes políticos, de hecho, resultan de su capacidad para regular de forma institucionalizada el conflicto social y rendirlo productivo en términos legislativos, de políticas públicas, etc. En la medida en que tienen éxito en esta tarea logran consolidarse. En la medida en que fracasan generan las condiciones de posibilidad para que emerjan actores antagonistas partidarios del cambio de régimen. Que lo logren, no obstante, requiere de que sean capaces de resolver a su favor el impulso constituyente.

La genealogía contenciosa del régimen del 78

Así sucedió con la dictadura franquista: desde las primeras resistencias sociales de posguerra como la Huelga de Tranvías de Barcelona (1951) hasta los primeros conflictos laborales de envergadura como la Huelgona de Asturias (1962) renace en el seno del régimen una oposición política que se instancia desde el conflicto directo con el régimen. En una prolongada ola de movilizaciones que se interconecta transnacionalmente con distintas olas de movilización global (procesos de descolonización en el Tercer Mundo, insurrecciones soviéticas, movimientos sociales en Europa occidental, etc.), el régimen intento contener mientras pudo la creciente oposición interna y solo entonces transacción un cambio democratizador.

En este sentido, el estado de excepción decretado en 1969 tras el asesinato de Enrique Ruano marca un claro punto de inflexión. Durante unos años, hasta la ejecución del almirante Carrero Blanco, el llamado «búnker» (en alusión al ala dura del régimen que encabezaba el propio Carrero en calidad de presidente de gobierno) echó un pulso a las calles que se acabaría saldando con el inicio de la transición. A partir de ese momento, y hasta la instauración, consolidación e institucionalización del régimen, la dinámica contenciosa tuvo un protagonismo incuestionable en la vida política. Contrariamente a la propia mitología legitimadora del régimen del 78, el cambio de régimen no fue un feliz y afortunado tránsito de una dictadura sanguinaria a un pacífico régimen democrático.

Olas de movilización en España (1978-actualidad)

Desde que se reinstauró la democracia en España, han sido tres las olas de movilización que se han desplegado en el marco de la política contenciosa. La primera de ellas arranca en los años del Desencanto y la consolidación democrática con los ciclos de luchas obreras contra la reconversión industrial, pacifistas contra la OTAN y el servicio militar (la «mili») o la Guerra del Golfo; feministas por la ley del aborto, los derechos LGTBI, etc.; estudiantiles contra la selectividad; la huelga general del 14D; etc. Son años de rearticulación del antagonismo en un momento paradójico en el que el éxito democratizador empieza a contrastar con unas políticas públicas orientadas en el sentido contrario a las aspiraciones de sus actores protagonistas. En estos años aparece una primera generación de activistas que, en términos generacionales, no han luchado contra el franquismo y conforman una primera oposición democrática a la democracia. Algunos de sus logros incidirán sobre la propia configuración del régimen: la abolición del servicio militar sería un buen ejemplo en este sentido.

La segunda ola de movilizaciones arranca pasada la mitad de los años noventa y se desplegará desde sus inicions por efectos de una ola global de movilizaciones que, arrancando en Chiapas, con la declaración zapatista de la Selva Lacandona, se desplegará hasta la gran manifestación global del 15 de febrero de 2003 contra la Guerra de Iraq, pasando por distintos hitos como las contracumbres a las grandes reuniones internacionales, los foros sociales a diversas escalas, etc. Algunas de las figuras políticas más relevantes de la actualidad, como el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, iniciaron sus trayectorias en esta ola de movilizaciones.

La tercera ola de movilizaciones empieza a mediados de la década de los dos mil con los primeros ciclos del movimiento por una vivienda digna como V de Vivienda, la manifestaciones por el derecho a decidir, las protestas estudiantiles contra el Plan Bolonia, etc. Será no obstante a partir del 15M que la ola alcanza su plenitud con la ocupación de las plazas, primero, y el despliegue de las mareas en defensa de los servicios públicos a continuación. Esta ola avanza de forma acumulativa sobre los logros de las dos anteriores. Si la primera fue la de la resistencia, mutación y reconfiguración del antagonismo en el marco democráctico, y la segunda la de la retroalimentación global en red y producción institucional dotada de autonomía (redes más o menos estables y profesionalizadas como por ejemplo Ecologistas en Acción, medios de comunicación propios como Diagonal, Directa, etc.), en esta tercera ola se dará lo que se dio a conocer como «asalto democrático a las instituciones» del que surgirían formaciones políticas de nuevo cuño, como Barcelona en Comú, Podemos, etc.

El ciclo independentista

Mención aparte merece en este contexto el ciclo de protesta que entre 2006 y la actualidad ha desplegado el catalanismo. Iniciado en la interacción institucional que genera la estructura de oportunidad política abierta por la reforma del Estatut de autonomía, entra en su fase alcista a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 y se despliega con un apoyo y fuerza creciente hasta la convocatoria y celebración del referendum independentista del 1 de Octubre. A partir de ese momento, el ciclo entra en la habitual fase descendente marcada por (1) la dinámica represiva de repliegue con la suspensión del autogobierno de Catalunya por medio del artículo 155, el encarcelamiento de los líderes del Procés, etc.; (2) una radicalización del discurso político y el repertorio modular de la acción colectiva (CDRs, Tsunami Democràtic, etc.) que marca la característica escisión estratégica entre radicals y reformers.

¿Una cuarta ola?

En los últimos dos o tres años, luego de la fase de institucionalización de la llamada «nueva política» dentro del régimen que siguió al 15M, se han relanzado nuevos ciclos de movilizaciones protagonizados por los movimientos feminista (jornadas del 8M, protestas por la sentencia de la manada, etc.), ecologista (fridays for future, cambio climático, etc.) y otros (pensionistas, agricultura, etc.). Como quiera que sea, con la inesperada irrupción del contexto de la pandemia COVID19, está por ver cuál será el desarrollo de esta ola incipiente. Si por un lado la acción colectiva sigue viva como demuestran los aplausos de los balcones, la huelga de alquileres, la actividad en redes sociales, etc., no es menos cierto que el espacio público, lugar privilegiado de articulación de la política contenciosa, se encuentra bloqueado por las circunstancias particulares que comporta la pandemia. Ello no ha obstado para que se estén produciendo acciones de activistas e incluso, como demuestran las protestas de ayer en el madrileño barrio de Salamanca, acciones de contramovimiento.