[es] Incendios, ciudadanía y movimiento

Publicado en La Vanguardia (02.09.2006)

La crisis provocada por la ola de incendios que tiene lugar en Galiza constituye el primer reto de envergadura para el gobierno autonómico. Todavía presente el Prestige en las memorias, la ciudadanía no ha tardado en activarse ante esta enésima agresión medioambiental. La proliferación de instrumentos organizativos y comunicativos ciudadanos (redes de voluntarios, weblogs, etc.) se ha desarrollado prácticamente en tiempo real. En no pocas ocasiones el gobierno gallego se ha visto superado por la iniciativa espontánea. Apenas unos días han sido suficientes para despertar el debate político de su letargo estival.

En Galiza, no obstante, arde sobre mojado. Contrariamente a los tópicos sobre la pasividad política de los gallegos, las movilizaciones de los últimos años han demostrado que la ciudadanía se encuentra entre las más activas del conjunto estatal. En el terreno de la representación, los análisis electorales más recientes demuestran que el proverbial abstencionismo nunca ha sido tal si se considera debidamente el impacto de la variable migratoria sobre el censo. Por lo que hace a la participación directa, la última ola de movilizaciones empezó antes en Galiza que en otras comunidades, alcanzó allí su mayor intensidad (LOU, Prestige, etc.) y se prolongó todavía más que en otras partes como se puede observar estos días.

Por otra parte, el ciclo de movilizaciones del Prestige, pivote de la alternancia que condujo al gobierno bipartito, no sólo legó a la ciudadanía gallega la valiosa experiencia política de la que se está sirviendo estos días (un rico repertorio de acciones, redes sociales reforzadas, espacios de comunicación independientes…). Al mismo tiempo, dicho ciclo comprometió a los actuales partidos gobernantes con la exigencia de otra manera de hacer política. Sin este mismo compromiso (por demás asumido explícitamente por los propios partidos en sus respectivas campañas y acuerdos de gobierno) resulta difícil comprender las implicaciones a medio plazo de la crisis actual; tanto más aún si se considera la previsible repetición de incendios en los próximos años.

Así las cosas, la cuestión no parece radicar tanto en si el bipartito es capaz de resolver, de inmediato y para siempre, un problema de carácter estructural estrechamente ligado a un modelo de desarrollo lastrado desde hace décadas. Al margen de la rivalidad interna existente entre ambas formaciones del gobierno autonómico, en el terreno institucional tres lustros de legislaturas populares exigen al bipartito dar prioridad a la consolidación del ejecutivo; proyectar una alternativa a medio plazo. Por esto mismo, más parece que el desafío real radique en idear otra forma de gobernar, un estilo más atento a las demandas de una ciudadanía exigente, capaz de cumplir con el propósito explícito de regenerar democráticamente el país.

Al fin y al cabo, en la crisis gallega se abre una disyuntiva entre dos cursos de intervención posibles: por un lado, la posibilidad de definición de una forma de hacer política atenta a los procesos de movilización social, respetuosa con la autonomía de los movimientos sociales y capaz de reinventar la representación política; por otro, el riesgo de ahogar las dinámicas agonísticas en las que se radica toda sociedad democrática, la tentación autoritaria de instituir patrones de cultura política clientelares y el abuso siempre efímero del margen de confianza ciudadano.

El éxito de la movilización social de estos días no debería entenderse, por lo tanto, como un apoyo incondicional al gobierno autonómico; siquiera como un “voto de confianza” particular al bipartito o a cualquiera de sus integrantes. Antes bien, comprender el valor de la robustez actual de la sociedad civil comporta necesariamente asumir la movilización como expresión política de una línea de tensión real entre un gobierno por consolidar y una ciudadanía consolidada. O por decirlo de otro modo: la desafección política es un lujo de la racionalidad instrumental que el Gobierno Touriño no se puede permitir; la viabilidad futura de la coalición gobernante depende hoy de un escrupuloso respecto a la autonomía de los movimientos sociales.