Nota 14 Ejecutivo fuerte y de coalición?

El tercer poder del Estado, el poder ejecutivo, se configura en España como un «ejecutivo fuerte». En la variante española de este tipo de ejecutivo el presidente de gobierno es la figura institucional central. Se encarga de dirigir la acción de gobierno, nombrar el consejo de ministros y presidirlo. El artículo 11 de la Ley 50/1997 establece que el presidente del Gobierno ha de ser ser español, mayor de edad, disponer del sufragio activo y pasivo y no estar inhabilitado por una sentencia judicial firme.

A diferencia de otros regímenes parlamentarios como, por ejemplo, el Reino Unido, en los que el jefe de gobierno (el primer ministro) está obligado a la colegialidad, en el caso español su autoridad es ejercida de forma exclusiva. A él corresponde configurar la dirección del propio poder ejecutivo, comenzando por el consejo de ministros que nombra y configura de acuerdo a su proyecto político, buen entender y conveniencia.

Como sucede en otros elementos que integran el régimen del 78, el ejecutivo fuerte encuentra su genealogía en la Transición española. En su momento, a fin de asegurar una dirección política fuerte y centralizada, capaz de llevar el proceso de cambio de régimen a buen puerto y afrontar la consolidación democrática subsiguiente, se confirió a la presidencia del gobierno un poder de corte presidencialista. En este sentido la presidencia del gobierno se alinea con el diseño general del régimen, tendente a plasmar un régimen liberal democrático sin por ello romper las estructuras del poder político precedente.

De la consolidación democrática a la crisis del régimen del 78

La consolidación de la presidencia del gobierno, al igual que el resto del régimen del 78, ha sido tan incuestionable como lo es su crisis actual. En el último lustro, el poder ejecutivo ha sido objeto de cuestionamiento por efecto de la contradicción entre sus funciones y la realidad cambiante del sistema de partidos. Así lo han puesto en evidencia el recurso a la moción de censura en dos ocasiones o las dificultades para la formación de gobierno que han acabado provocando dos legislaturas fallidas.

En la actualidad, de hecho, asistimos a un hecho inédito en las cuatro décadas precedentes: la formación de un ejecutivo de coalición en el gobierno central. A diferencia de los gobiernos local y autonómico, en los que las coaliciones gubernamentales han formado parte de la normalidad política de la España democrática, lo cierto es que hasta el año pasado nunca se había dado una coalición en el gobierno central. Incluso en las legislaturas en que ninguno de los partidos alternantes del bipartidismo habían alcanzado la mayoría absoluta, el gobierno central había permanecido al margen. Desde el poder legislativo se habían asegurado investiduras y apoyos parlamentarios para hacer posible la gobernabilidad.

Esta situación cambia desde el 20 de diciembre de 2015, por efecto de la arimética parlamentaria que surge de las elecciones que ponen fin al bipartidismo. El bloqueo institucional, que se hace entonces posible por la fuerza de los números, se traduce en las investiduras fallidas y mociones de censura. Solo bajo la amenaza del auge de Vox y el hundimiento de Ciudadanos sin apenas alterar el reparto entre los bloques de izquierda y derecha se acaba operando finalmente la formación del primer ejecutivo de coalición en el gobierno central.

La formación del primer ejecutivo de coalición ha supuesto también el segundo gobierno más grande de la historia democrática reciente. Con un total de 22 ministerios y cuatro vicepresidencias, el segundo ejecutivo de Pedro Sánchez ha conseguido acomodar la participación de Unidas Podemos con una vicepresidencia y cuatro ministerios.

Tres rasgos destacan en la formación de este ejecutivo. En primer lugar, la conservación de los llamados «ministerios de Estado» en manos del partido socialista. A diferencia de las exigencias de Iglesias tras el 20D, en la formación del ejecutivo actual el socio menor del gobierno ha sido ubicado al margen de las grandes carteras. En segundo lugar, el reparto de competencias entre ministerios antes integrantes de una única cartera. Tal es el caso, por ejemplo, de la separación de Universidades y Ciencia. Por último, la creación de carteras menores como la de Consumo han permitido ampliar el número de ministerios sin por ello incrementar en igual proporción el reparto de poder.

No parece muy aventurado considerar, a la luz de lo que ha sido el diseño de este primer gobierno central de coalición que se ha conformado un gabinete asimétrico, con un partido del presidente fuerte y un socio menor con responsabilidades de carácter social. En este sentido no deja de ser relevante que el ministerio de trabajo venga a integrar más allá de la política de los partidos, por medio de la figura de su ministra, a los sindicatos, notablemente de CC.OO., del que se ha nutrido el equipo ministerial.