La España por vertebrar

La crisis pendiente del régimen del 78

Dejamos atrás una semana en la que el Partido Popular se ha inmolado y se ha llevado por delante las buenas intenciones del gobierno por reconstruir un consenso de régimen que excluyese a Vox. Aunque poco fiables, algunas encuestas anuncian que la formación de extrema derecha se situaría hoy al frente de la oposición. Quizá no sea el caso; pero desde los meses de mayo y junio de 2018 –momento en que Cs cayó por debajo del PP– el bipartidismo del 78 no se había visto cuestionado de manera tan clara.

Desde entonces, no pocos defensores del régimen, más guiados por el optimismo de la voluntad que por el pesimismo de la razón, han venido dando por seguro el retorno al orden del 78: bipartidismo de PSOE y PP, partidos nacionalistas ejerciendo de bisagra y una IU (antes PCE, ahora UP) irrelevante. El último reajuste socialista en el partido y el gobierno no deja mucho margen de duda respecto a que ese ha sido su análisis subyacente. Muy a su pesar, el fracaso de Podemos y Cs no ha supuesto el retorno automático a los buenos viejos tiempos.

El monstruo gramsciano de la crisis pendiente no se presenta, pues, en el tránsito hacia la restitución del bipartidismo, sino en la metamorfosis y exploración de vías alternativas que ahora disputan Vox y las candidaturas de la España vaciada. El bipartidismo, al igual que tras la crisis de 2008, sigue siendo incapaz de resolver el divorcio entre la Constitución del 78 y la constitución material de la sociedad española. Así lo atestigua la normalidad imposible tras el COVID; versión empeorada de nuestros males previos. Para averiguar qué podría estar sucediendo proponemos cambiar el prisma del poder constituido por el del poder constituyente y examinar lo sucedido.

Otra perspectiva sobre los resultados en Castilla y León

Al despertar de la jornada electoral, la crisis de régimen seguía ahí. Aunque en el oleaje de la actualidad cuesta observar el mar de fondo político, a poco que se cambie de perspectiva no es difícil constatar la distancia que se abre entre las guerras de relato y la crisis de régimen. Mal síntoma para el relato cuando le falla el plano de consistencia. Basta con pensar el desajuste de los análisis postelectorales y el reajuste que se ha forzado esta semana con la crisis del PP. El argumentario de regate corto no sirve. Vistos en perspectiva, y desde un análisis de la tendencia más estructural que las diagnosis habituales de la estadística electoral, los resultados en Castilla y León arrojan datos bastante más sintomáticos de lo que podría parecer.

Situémonos en contexto con algunas pocas claves. Para empezar la participación cae lenta, pero con pocos visos de recuperación. Si en 2007, con el régimen a pleno rendimiento, estaba en el 70,7%, a partir de ahí empezó a caer: el 2011 cae al 67,5%; en 2015, 64,9%; en 2019, 65,8%, y en las últimas elecciones, mínimo histórico: 63,4%. Un tercio de la ciudadanía ha desconectado de la política, se encuentra huérfana de opción o no acaba de decidirse ante el proceloso contexto actual.

En segundo lugar, a medida que la participación ha ido declinando, el sistema de partidos no ha dejado de fragmentarse; y esto incluso en una geografía en principio tan poco favorable como Castilla y León: de 2007 a 2011 IU ampliaba con 1 escaño el espectro tripartito de PP, PSOE y UPL; en 2015 se sumaron Podemos (10 escaños) y Cs (5); en 2019, Vox (1) y Por Ávila (1); el pasado 13F, ¡Soria Ya!, con 3. En tres lustros se ha pasado de tres partidos a ocho. La alta fragmentación ha dejado de ser un rasgo exclusivo de los parlamentos marcados por la cuestión nacional.

En tercer lugar –siempre en un análisis de tendencia– se verifica que a la vez que la abstención crece, el porcentaje del partido más votado baja: en 2007 la abstención era del 29,3% y el PP tenía un 50,2%; en 2011, se abstenía el 32,5% (PP 51,6%); en 2015, un 35,1% (PP 37,3%); en 2019, un 34,2% (PSOE 34,8%); y en 2022, el 36,6 (PP 31,4%). La fuga de voto de esa ciudadanía que había venido sosteniendo al régimen y que ya no encuentra hoy razones suficientes para seguir, se ha hecho cada vez más evidente.

En pocas series de datos queda esto último tan claro como en la caída del bipartidismo. En 2007, PP y PSOE sumaban 88,7%. En 2011 comienzan su caída conjunta; primero hasta el 81,2% y en 2015 prosiguen hasta el 63,7% con la irrupción de Podemos y Cs. La leve mejora al 66,3% debida al fracaso de estos se ha probado falsa, no obstante, con el último 61,5%. La caída de Cs y Podemos, un día aspirantes a regenerar el bipartidismo, se ha visto remplazada ahora por Vox y las candidaturas de la España vaciada. Veamos.

La emergencia de la España vaciada es, en efecto, otro indicador destacado. Si en 2007 (2,7%), 2011 (1,9%) y 2015 (1,4%) la tendencia de la única candidatura (UPL) era inexistente cuando no declinante, en las dos últimas convocatorias el descontento provincial ha crecido y se ha extendido a otras circunscripciones con más candidaturas. En 2019, Por Ávila añadía 0,7% al voto de UPL y el pasado 13F, ¡Soria Ya! sumaba otro 1,5%. En total, la progresión del voto de la España vaciada ha pasado del 1,4% en 2015, al 2,7% en 2019 y al 6,9% en 2022.

Por último, el ascenso de Vox, gran beneficiado por el adelanto de Mañueco, marca una progresión que va del 0,7% en 2015 al 17,7% de 2022, pasando por el 5,5% de 2019. Vox ha obtenido 13 escaños y un porcentaje mejor incluso que el de Cs en 2019 (un 14,9% y un escaño menos). Como se ha visto esta semana, el desplazamiento electoral del sistema de partidos hacia la extrema derecha ha tenido por efecto dinamitar la parte del PP en la reconstrucción del bipartidismo.

La crisis que no remite

A la hora de comprender los resultados del 13F –el contexto general en que se dan– es preciso comprender el calado de la crisis institucional que atraviesa el régimen desde el comienzo de la pasada década. Los datos de Castilla y León no dejan de ser congruentes con el conjunto de España. Lo que nos remonta a los inicios de la pasada década, cuando las movilizaciones del Procés y el 15M vinieron a expresar la crisis del consenso constitucional. Hasta entonces la política española había mostrado las continuidades y discontinuidades previsibles en un régimen consolidado. Pero la crisis global de 2008 marca ahí un punto y aparte.

En 2008 la participación electoral aún era del 73,9%. Reflejo del impacto del 15M, cayó al 68,9% en 2011. A pesar de la irrupción de Podemos, Cs y otras candidaturas, lo cierto es que en 2015 tampoco se recuperó gran cosa, ascendiendo a 69,7% para caer acto seguido al 66,5%. Esta participación, inferior incluso a la de las elecciones fundacionales de 1979, sería incluso rebajada en 2019, cuando de nuevo la ciudadanía tuvo que volver a las urnas tras un segundo fracaso en la formación de gobierno. Visto en perspectiva, cada una de las mejoras relativas de 2015 y 2019 ha sido seguida de un mínimo histórico. No es difícil deducir las implicaciones sobre el aumento de desafección al régimen.

Pero si algún indicador marca un punto de inflexión en los años diez ese ha sido el hundimiento del bipartidismo. En 2008, PSOE y PP sumaban el 83,8%. Con 323 escaños nunca dos partidos habían concentrado tanto poder. Pero en 2011, al poco del 15M, su porcentaje cayó diez puntos de golpe hasta 73,4%. Y si la advertencia del 15M había sido clara, cuando se presentaron otras opciones de voto el mensaje de la ciudadanía fue rotundo: en 2015, Podemos, Cs y otras candidaturas supusieron una nueva caída hasta el 50,7%; apenas mejorada por la repetición de 2016 (55,6%). La posterior decepción con la “nueva política” no supuso, sin embargo, la recuperación automática del bipartidismo: en 2019, de hecho, volvió a caer hasta el 45,4% mejorando tan solo en la segunda convocatoria de ese mismo año (48,8%). Estas mejoras coinciden al repetirse la pauta de caída de la participación debida a la repetición electoral.

Las sucesivas caídas del bipartidismo fueron acompañadas, al igual que en Castilla y León, de un incremento de los partidos con representación: en 2008, en el Congreso obtuvieron representación diez partidos que, tras el 15M, aumentaron a 13. Y si bien esto no varió gran cosa con la llegada de la “nueva política” (13 en 2015 y 12 en 2016), su fracaso disparó el número en 2019: primero hasta 15, por encima ya del máximo histórico en el contexto de la Transición, y en la repetición hasta 19, récord de fragmentación por el momento. Visto el éxito de ¡Soria Ya! aún es previsible que crezca.

Los datos relevantes en lo que hace al funcionamiento general del régimen y de su sistema de partidos, más en particular, son muchos y algunos tan novedosos como la repetición de elecciones o la formación de un primer ejecutivo central de coalición. Pero tomados en conjunto no parece que estén indicando una recuperación del viejo paisaje electoral del régimen. Antes bien justo lo opuesto: la solidez del PSOE o del PP en el gobierno parece venirse abajo tan pronto pasan a la oposición (el paralelismo entre la crisis del PSOE en 2016 y el PP ahora, se hace evidente). A día de hoy, las encuestas siguen sin atribuir al bipartidismo una mejora sustantiva, incluso cuando han sido capaces de recuperar la delantera en los sondeos y volver a escenificar sus viejos duelos.

La España por vertebrar

Ya ha transcurrido más de una década del 15M. En este tiempo hemos podido ver como el proceso destituyente al grito de “¡no nos representan!” colapsaba a manos de quienes deberían haber sido catalizadores de un cambio constitucional. El espectro de la montalbaniana “correlación de debilidades” –fundante en el régimen del 78– ha vuelto a instalarse. Al menos en apariencia: ni los partidarios de volver al equilibrio anterior disponen de capacidad para regenerarse, ni se perciben alternativas que restituyan el horizonte de cambio perdido entre finales de 2016 y mediados de 2018.

Las elecciones en Castilla y León han señalado un momento crítico en el que se apunta que la crisis de régimen está lejos de ser superada. El ascenso de Vox ha sido posible tanto por la crisis del bipartidismo como por los intentos fallidos de Podemos y Cs o el estímulo independentista. Cuando Podemos irrumpió, resignificar España en la clave de un populismo progresista demostró ser una estrategia capaz de interpelar, no ya solo al 15M, sino a la mayoría social que este movimiento había logrado interpelar a su vez. En Vistalegre II, sin embargo, al grito de “¡Unidad!”, el cambio de eje disursivo a la izquierda sepultó la oportunidad de pensar una institucionalidad otra, más democrática y atenta a la crisis contemporánea del Estado en España.

Desde entonces el reto sigue pendiente, si bien actores, tiempos y correlaciones han cambiado. Hoy el problema se ha agravado. Por un lado, Vox ha logrado lo impensable durante décadas: dotar a la derecha posfranquista de una opción parlamentaria fuerte. Aún es más, en Castilla y León se ha demostrado hasta qué punto no operan los vasos comunicantes del eje izquierda/derecha: lejos de restituirse de forma automática el voto de Cs al PP, como parecía haber sucedido en Madrid con Ayuso, Vox demostró saber capitalizar el hundimiento electoral de Cs a expensas del PP.

Por otro lado, los nacionalismos de izquierda rentabilizan hoy el descontento con la incapacidad de Podemos para saber gestionar su capital inicial. Al punto, incluso, de convertirse en socios tan poco fiables como imprescindibles. La votación de la reforma laboral ha dejado buena prueba de ello y no parece que haya, a día de hoy, una opción federal capaz de reordenar el espacio de ruptura democrático más allá del agravio subjetivo construido en torno a las identidades nacionales.

Por si esto fuera poco, los resultados de la España vaciada en Castilla y León han probado que Teruel Existe no era una anécdota efímera, sino otro vector más del contencioso territorial. Las encuestas auguran ya escaños en el Congreso para ¡Soria Ya! y el efecto dominó apenas ha comenzado a cundir en el resto de provincias. Frente a esto no basta con los liderazgos mediáticos con argumentarios oportunos. Son precisas prácticas instituyentes que estructuren una alternativa política en términos de rearticulación del Estado. Hay una España por vertebrar y eso hoy pasa por la capacidad de poner en marcha, para empezar, procesos de federalización, descontentración y municipalización en el propio espacio de ruptura democrática.